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Tegucigalpa. La sentencia dictada contra tres estudiantes de la UNAH perseguidos por participar en protestas pacíficas ha puesto en alerta a la comunidad universitaria.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) le recordó a las autoridades de la UNAH que el acuerdo firmado el año 2016 obligaba a la UNAH a solicitar la extinción de toda persecución penal contra estudiantes. Dicha representación de la ONU participó del diálogo entre estudiantes del MEU y autoridades universitarias en calidad de testigos de honor.

Ante este recordatorio, las autoridades de la UNAH respondieron con un comunicado donde se lamentan de que la OACNUDH “no tenga claridad conceptual para definir un acto o protesta pacífica y un acto o protesta violenta…“. En respuesta a ese comunicado, Joaquín Mejía, especialista en derechos humanos, escribió: “La criminalización de la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y la movilización social son herramientas de petición a la autoridad y canales de denuncias públicas sobre abusos a los derechos humanos.

Las reacciones de alarma se dispararon entre los organismos defensores de los derecho humanos, ya que la UNAH, que es la institución pública llamada a dar cátedra de tolerancia, se cerró sobre el tema, más bien tratando de hacer perder legitimidad a la Oficina del Alto Comisionado.

No es la primera ocasión que las autoridades de la UNAH se confrontan con organismos defensores de los derechos humanos.