San Pedro Sula. La mayor crisis que ha atravesado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde la llamada Cuarta Reforma, se viene germinando precisamente desde el inicio de la misma: la ausencia del sector estudiantil en el gobierno estudiantil.

Cuando la Comisión de Transición (CT) asumió la dirección de la UNAH, éstos desconocieron las elecciones estudiantiles fraudulentas organizadas por el Frente Unido Universitario Democrático (FUUD, derecha) y descabezaron totalmente al sector estudiantil. Tanto la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), sus estatutos, y los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario desaparecieron.

Desde entonces, la CT hizo un llamado a la reorganización del estudiantado a través del Directorio Estudiantil y la Asamblea Constituyente Estudiantil Universitaria (ACEU) para que reconstruyera tanto la FEUH como sus estatutos y todas las demás asociaciones estudiantiles. Pero los esfuerzos por reconstruir el movimiento estudiantil no emanaron de los frentes tradicionales, los cuales habían perdido el protagonismo del pasado, sino de los recién surgidos movimientos independientes. Concretamente, el Movimiento Amplio Universitario (MAU), el Movimiento Estudiantil Revolucionario “Lorenzo Zelaya” (MER-LZ) y la ya desparecida Federación de Asociaciones Estudiantiles de la UNAH-VS (FAE) tomaron el proyecto de la Constituyente Estudiantil en el 2011.

El proyecto de la ACEU en el 2011 recogió miles de firmas de apoyo estudiantil tanto en Ciudad Universitaria como en UNAH-VS. Fue la primera oportunidad de la rectora Julieta Castellanos de impulsar el mandato de la CT, pero en lugar de eso, se convirtió en la primera vez que Castellanos haría oídos sordos a las demandas estudiantiles.

Para finales del año 2011, el Comisionado Universitario impulsó un proceso electoral estudiantil con el beneplácito del Consejo Universitario. El Reglamento Electoral aprobado sin consulta previa favorecía descaradamente a los frentes tradicionales y al mismo tiempo dificultaba la participación de sectores independientes. Esto marcaba claramente la pugna entre lo viejo (frentes) y lo nuevo (movimientos independientes). El proceso fracasó tanto en el 2011 como en el 2012, iniciando así la era hegemónica de los movimientos independientes.

Pero la ausencia de estudiantes en el Consejo Universitario imposibilitaba la estabilidad del gobierno universitario y la pretendida reelección en aquel entonces de Julieta Castellanos. No solo la reelección de un rector era ilegal, sino que cualquier proceso ocupa los votos estudiantiles para ser legal, por lo cual las autoridades universitarias acudieron al Congreso Nacional para solucionar el impase.

El Congreso reformó la Ley Orgánica de la UNAH para permitir que el Consejo Universitario pudiera deliberar sin los votos estudiantiles, asegurando la gobernabilidad, pero también permitió la reelección de Julieta Castellanos. Quedaba claro que las autoridades se beneficiaban de la ausencia de las elecciones estudiantiles, por lo cual boicotearon sutilmente todos los intentos del sector estudiantil por conformar sus órganos de autogobierno y nombrar sus representantes ante el cogobierno universitario.

Pero no bastándoles asegurarse un nuevo período de cuatro años, las autoridades se “lucieron” cuando hicieron que el Congreso amarrara el proceso electoral estudiantil a la palabra consenso. Los diputados mandaron a que el Reglamento Electoral que regiría las elecciones estudiantiles fuera producto del consenso de todos los actores estudiantiles, algo inconcebible en una universidad, donde convergen cualquier cantidad de ideologías, y resulta además indeseable intentar forzar un pensamiento único. Por último, daba potestad a las autoridades para que eligieran de dedo a los representantes estudiantiles mientras se realizaban las tan ansiadas elecciones.

Y entonces el consenso se entendió como la oportunidad de secuestrar cualquier intento de generar un proceso electoral. Para las autoridades, cualquier grupo sea representativo o no, podía detener todo proceso electoral si no estaban de acuerdo con lo discutido, ya que eso significaba que “no había consenso”. El julietismo se aseguró que el FUUD y la Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR), ambos ligados al partido de gobierno, boicotearan todos los intentos por consensuar un Reglamento Electoral. Así, las autoridades creían eliminar toda oposición a su régimen.

Creyéndose invencibles, el julietismo inició su ofensiva: Las nuevas normas académicas, que planteaban un modelo de universidad incompatible con los principios de una universidad incluyente, pública, democrática, de calidad y gratuita. Pero el movimiento estudiantil le había apostado a la construcción del poder desde abajo, y durante todos los años sucesivos al 2011 se dedicó a la construcción de los órganos de autogobierno más importantes: las asociaciones de carreras. Cuándo llegó el nuevo proyecto de las Normas Académicas en el 2014, UNAH-VS respondió con una huelga de 16 días. El conflicto inició la tradición de aplicar requerimientos fiscales a quienes protestaban.

En 2015, el movimiento estudiantil luchó nuevamente contra las Normas Académicas, ésta vez a nivel nacional, y el mismo conflicto se repitió en el 2016, año en que se consolida el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), plataforma que aglutina asociaciones, movimientos y el Frente de Reforma.

El rechazo a las Normas Académicas es tan solo el síntoma de una enfermedad más grave: La ausencia del sector estudiantil en la toma de decisiones de la UNAH. De ahora en adelante, mientras no sea incluido el estudiantado en el gobierno universitario, se puede esperar el rechazo a cualquier política que se apruebe en esas circunstancias. La UNAH necesita Legalidad, pero también Legitimidad. El gran error de la Cuarta Reforma es que no incluyó al estudiantado, y no puede haber universidad sin estudiantes.