Quienes dormían despiertan con la estrepitosa noticia del asesinato de una joven universitaria. Silvia Vanessa Izaguirre de 26 años era pasante de la carrea de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, viajaba en autobús interurbano (empresa COTRAIPBAL) de Trujillo hacia Tegucigalpa la madrugada de este jueves 29 de marzo, cuando en un asalto a la unidad de transporte fue asesinada con un disparo en la cabeza.

De la secuencia concreta de los hechos se tienen ideas (muy) diversas. Entre declaraciones escuálidas e irresponsables por parte de la Policía Nacional, declaraciones de testigos y mucha especulación sin procedencia en redes sociales, lo que queda es una aproximación de hechos: interceptan el autobús en la madrugada, despojan de sus pertenencias a toda persona, intentan violar a la joven, ésta se rehúsa y es asesinada.

Ante éste sombrío panorama surgen un borbollón de preguntas: ¿dónde estaba la policía que desplegó a inicios de semana por todo el corredor turístico fuertes operativos para garantizar seguridad? ¿Por qué no asignan a oficiales policiales a los autobuses? ¿Por qué no intervinieron el resto de pasajeros(as)? ¿Por qué Silvia no accedió a la violación para salvaguardar su vida?

Y aunque es esperado este cúmulo de preguntas, el enfoque se vuelve incorrecto cuando partimos el análisis sobre qué debió hacer la víctima o qué debió hacer alguien más para que ella no fuera víctima. No es sobre la víctima o quienes la rodean que debe recaer el análisis comportamental, es sobre quienes son victimarios y por qué.

Si bien el papel de la Policía Nacional es rutinariamente nefasto (evidenciando una vez más el fracaso rotundo de las políticas de seguridad del Estado), este caso se trata de la fotografía de un cáncer que se propaga por las vértebras de nuestra sociedad; se trata de un femicidio, delito que consiste en dar muerte a una mujer por razones de género con odio y desprecio por su condición de mujer (Art. 118, Código Penal); se trata de la manifestación más visceral de sistema patriarcal.

El sistema patriarcal se encarga de sustentar la supuesta supremacía masculina construyendo de ésta manera un sistema cultural masculinizado que crea desigualdad entre mujeres y hombres, posicionándonos (como sociedad) en una dinámica interaccional violenta. Un sistema que hace que la primera interrogante colectiva ante una violación sexual recaiga sobre el comportamiento de la víctima y no de quien es victimario. Un sistema que nos hace tener esquemas de pensamiento donde posicionamos en la normatividad la violencia a la mujer porque inconscientemente pensamos que existen razones válidas para que exista dicha violencia.

La atmosfera de la noticia no fuera la misma si la víctima hubiese sido un hombre, en ese escenario, la probabilidad de que existiera delito o tentativa de delito sexual contra la víctima sería muy baja. En un escenario de víctima y victimario hombre, lo rutinario son las agresiones fuerte, rudas, violentas físicamente. En un escenario de victima mujer y victimario hombre las agresiones son rutinariamente psicológicas, sexuales, denigrantes.

Debemos exigir al estado la pronta captura y severo castigo a los culpables de este caso (y todos los precedentes), además de políticas de seguridad pública que se desarrollen de forma integral y vayan más allá del acostumbrado show mediático en el cual rearman a la Policía, Ejército y Policía Militar con armas de última generación y engrosan su presupuesto anual con ceros resultados.

Pero también debemos replantearnos nuestra respuesta como sociedad ante estos hechos. No podemos seguir culpando a las mujeres de los abusos, violaciones y asesinatos pues las estamos revictimizando  (una vez víctima de su agresor y otra vez víctima del juicio de la sociedad), y esto abona a la impunidad ya que en el inconsciente colectivo crea la idea de que el victimario no es tan culpable y a veces, ni siquiera es culpable en lo absoluto.