En un contexto latinoamericano donde se acrecenta la ola de resistencia al modelo neoliberal que estos últimos años golpea con mayor fuerza al continente, Honduras resiste dignamente ante un estado colapsado y fallido.

En éste último mes en el país los gremios magisterial y médico han emprendido una lucha contra la precarización de los servicios de salud y educación pública, especialmente contemplada en los PCM-016-2011, PCM-040-2012, PCM-026-2018, PCM-027-2018 y PCM-005-008 2019 que se han aprobado paulatinamente desde el año 2011.

La población hondureña ha identificado por experiencia el modus operandi de las políticas privatizantes de gobierno, las cuales consisten en sabotear los entes e instituciones públicas para crearles una crisis de sostenibilidad, luego generar desde los órganos competentes (presididos por personas de su partido político) respaldos legales que dejan apertura para que en el futuro exista una privatización de estos servicios públicos y por último, una vez que se ha precarizado un servicio volviéndolo insostenible, se privatiza la institución normalmente a través de contratos lesivos y/o concesiones a explotadores privados como la EEH, COVI y Aguas de San Pedro.

Es por eso que esta lucha es la respuesta al acelerado avance del las políticas gubernamentales en pro de la privatización de los servicios públicos en todos los ejes del país, por este motivo la lucha comienza por el emprendimiento de estos dos sectores pero es todo el pueblo hondureño en toda su heterogeneidad que ha salido en la defensa de lo público.

Hoy 30 de mayo Honduras se levanta con un paro general de labores, el cual a lo largo y ancho del territorio registró intensas y diversas jornadas de lucha. En más de 16 ciudades del país se realizaron múltiples protestas. El 90% de los centros de educación en todos sus niveles se encuentran en paro de labores y los gremios a quienes estos nuevos decretos afecta directamente se declaran en paro indefinido hasta la derogación de los mismos.

El magisterio, el sector salud, el estudiantado, los sindicatos, el campesinado, diversas organizaciones populares y el pueblo en general han salido a las calles masivamente a ejercer el derecho a la protesta cuya legitimidad establece la constitución de la república.

Como respuesta a las acciones de lucha, la Policía Nacional y la Policía Militar han reprimido la mayoría de las acciones con bombas lacrimógenas, tanquetas militares y hasta con armas de fuego, dejando ésto un saldo de múltiples personas heridas.

Esta fractura del orden social en el país es el resultado de la incompetencia del Estado ante las múltiples demandas de todos los sectores, es el resultado de los altísimos índices de desigualdad social, corrupción e impunidad, pero también de un hartazgo generalizado de la población sobre sus condiciones de vida.

En las calles la consigna es clara desde el 2013, pero actualmente luego del fraude electoral del 2017 es unísona: <<FUERA JOH>> y cuando se dice <<FUERA JOH>> no sólo se alude al hecho puntual de que él, como individuo, deje el cargo presidencial, también se alude a que ese acto sea el inicio de la obtención de un poco de justicia y el cese a los pactos de impunidad. Se alude a que él y todos los funcionarios corruptos salgan de los ejes estatales y paguen por todos sus delitos y así se respete la soberana decisión del pueblo de ya no más violencia, corrupción, desigualdad, narcoestado y ya nos más gobiernos nacionalistas.

Hoy el país demuestra que está cada vez más preparado para la necesaria insurrección popular, que sus estructuras de organización popular cada vez son más sólidas y que es momento en que unidos todos los sectores se comiencen a plantear un proyecto de nación real para la refundación del país. Honduras demuestra estar avanzando con certeza en la construcción de poder popular que debe terminar indudablemente en la toma del poder del Estado. Lo que viene más allá del Fuera JOH es sin duda el mayor reto que el pueblo hondureño tiene, es inevitable y es posible.